En reunión sostenida con el señor Presidente de la República el día 23 de febrero de 2021, en la cual estuvo presente la señora Vicepresidente de la República Dra. Marta Lucía Ramírez y la señora Ministra de Transporte Dra. Angela María Orozco, encuentro sostenido en el Palacio de Nariño y al cual asistimos por invitación de la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte; la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) propuso al Gobierno Nacional, en aras de alimentar el fondo de chatarrización que hoy se nutre entre otros de los dineros que deben de ser pagados para matricular un camión nuevo, mismos que ascienden al 15% del valor de su factura de venta, se establezca una contribución mediante decreto nacional con cargo a la expedición del cada manifiesto por un valor a determinar y con destino al ya mencionado fondo de chatarrización.
FEDETRANSCARGA rechaza de plano esta solicitud en razón de considerarla antitécnica. La misma rebasa sustancialmente el escenario hoy planteado por el Gobierno Nacional en cuanto a beneficios dados al sector.
El Decreto 1120 del 26 de Junio de 2019 estableció el no pago del IVA y del impuesto ambiental para matricular un vehículo de carga nuevo en cabeza de propietarios de hasta dos camiones, los alivios hoy solicitados dejan de tener razón de ser, más aún cuando quienes están renovando su flota deben de pagar un valor de un 15% sobre el monto de la factura antes del IVA con el fin de poder matricular un vehículo nuevo, dineros destinados al fondo de reposición que igualmente se estableció por el gobierno actual, en beneficio del camionerismo colombiano.
La propuesta hecha por la ACC generará una carga contributiva adicional cualquiera que sea su monto, el Ministerio de Transporte no está legalmente autorizado para determinar valor alguno en la expedición de manifiestos de carga (Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado ponente Dr. Marco Antonio Velilla, Radicado 11001 03-27-000-2008-00028-00). Más allá del ámbito legal, esta petición no solamente perjudicaría directamente a las empresas de transporte de carga debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte si no que dichos montos de dinero solamente “beneficiarían” a unos pocos que hoy alegan no tener acceso a reponer sus antiguos vehículos, quizá no por falta de oportunidades sino por su indebida utilización.
Es de tener en cuenta que Colombia es el único país en América Latina en donde se pagan sumas exorbitantes a propietarios de vehículos que van a ser objeto de desintegración y de los pocos en el mundo en que esta práctica aún subsiste.
Este tipo de propuestas populistas, carentes de sustentos facticos, técnicos y jurídicos, presentadas bajo coyunturas de presiones indebidas, argumentadas exclusivamente en intereses de una agremiación que no representa en su totalidad al sector de transporte de carga por carretera en Colombia, desincentivan la actividad empresarial y plantean escenarios de pugnas que bajo la actual coyuntura son innecesarias.
Propuestas como la hoy presentada como novedosa, ya han sido expuestas y por supuesto negadas. El Consejo de Estado mediante sentencia que hoy se encuentra debidamente ejecutoriada desató la controversia con ella presentada negándola de plano.
