Proyecto de ley, Régimen Regulatorio y sancionatorio del sector transporte

Por: Dr. Arnulfo Cuervo Aguilera vicepresidente de FEDETRANSCARGA

Se tramita actualmente ante el Senado de la República en su comisión sexta el proyecto de ley 266 del 2020 por medio del cual se establece el régimen regulatorio del sector transporte, se determina el procedimiento administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones. De este proyecto es ponente inicial el Senador Iván Darío Agudelo Zapata. Dicho proyecto de ley incluye a los generadores de carga como sujetos pasivos de sanciones en el establecidas, no obstante, esto no es novedoso pues desde el pasado año la Superintendencia de Transporte ha aperturado investigaciones en contra de algunos generadores de carga.

A pesar de los términos de caducidad incluidos en esta nueva normatividad en favor de quienes llegasen a ser investigados, la inclusión de responsabilidades objetivas que incluso  no son del resorte de las empresas de transporte de carga, responsabilidades que  correspondiendo por competencia a entes de control son delegadas en nuestras empresas, aumentando no solo nuestra carga laboral y económica, sino derivando de su incumplimiento sanciones y multas que llegan a sumas exorbitantes, que la misma normatividad trata de morigerar con un acápite de tasación de las sanciones; Es claro que  esta nueva normatividad de manera directa afectara a las empresas de transporte de carga, pues en esencia este proyecto de ley es estrictamente sancionatorio pues el aspecto regulatorio ocupa un segundo plano en su articulado.

Esta normatividad propuesta debería encausarse en la actividad de los generadores de carga, las navieras y la actividad portuaria, quienes son los entes que en la cadena logística de carga ocasionan las mayores distorsiones que terminan afectación en la productividad del sector y la competitividad del país.

Reforzar la autonomía administrativa de la Superintendencia de Transporte en las condiciones que determina el proyecto de ley sujeto a estudio, es una concentración excesiva de competencias y facultades que pueden derivar en  perjuicios económicos incalculables para el gremio, con el pretexto de avanzar en el desarrollo institucional que demanda el sector de transporte, el tránsito y su infraestructura y aparentemente garantizar,  que se cumplan plenamente las atribuciones de inspección, vigilancia y control de esta entidad administrativa, esto sería una concentración tal de poder que se resquebrajaría la institucionalidad que el sector requiere para mejorar su calidad y competitividad.

El proyecto en estudio prioriza la consecución de herramientas jurídicas sancionatorias y financieras para la Superintendencia de Transporte, al ampliar sus funciones y por ende aumentar sus recursos económicos, los cuales el mismo proyecto determina serán utilizados para su propio sostenimiento. Se establece un régimen de medidas cautelares, no encaminadas a la supervisión del sector, sino de carácter punitivo, desfigurando el mandato constitucional del debido proceso. Lo cierto es que de fondo el proyecto es meramente sancionatorio con un eufemismo de regulación.

A más de la inconveniencia del  proyecto de ley  en medio de la pandemia que nos aqueja, el Presidente de la Republica envía un mensaje de urgencia al Congreso de la Republica el día 16 de Marzo de 2021  para el trámite de esta ley, con argumentos entre otros como que este proyecto permitirá avanzar en el desarrollo institucional que requiere el sector transporte para ser más competitivo, pues según el mensaje de urgencia, el articulado del proyecto de ley  pretende aplicar técnicas preventivas, orientadas a apoyar las actividades de los integrantes de la cadena logística de transporte. Estos argumentos a todas luces riñen con el articulado del mencionado proyecto de ley pues en su esencia lo que se busca es tipificar conductas con el único direccionamiento de imponer sanciones a las empresas transportadoras, atacando de nuevo la legalidad pues se ensaña el proyecto de marras con las empresas legalmente constituidas y por supuesto evita normar sobre quienes al margen de la ley desarrollan igualmente nuestra actividad.

Lo que definitivamente llama nuestra atención es que siendo el discurso gubernamental la reactivación del sector, no existan hoy en el congreso de la republica proyectos de ley impulsados por el gobierno nacional, dirigidos en este sentido o direccionados a crear incentivos para apoyar a las empresas transportadoras para salir de la crisis originada por el virus. Los mensajes de urgencia del señor Presidente de la Republica, siendo coherentes con las políticas por él propuestas, deberían ser encaminados a leyes que incentiven la actividad empresarial, no a las que apabullen la iniciativa privada y más aún, fundamentados en los interés generales del sector y no los individuales de algunos gremios.  

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